Entradas populares

miércoles, 4 de enero de 2012

El Negocio de los Centros Teletón

En el municipio maya de Felipe Carrillo Puerto, lugar histórico del bastión rebelde conocido como Chan Santa Cruz, no sólo la hora de verano es rechazada por sus habitantes sino también la filantropía al estilo Televisa. Sobre la carretera que conduce a Tulum, se encuentra el Centro de Rehabilitación Integral Municipial (CRIM), similar al modelo de los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), pero mucho más barato, administrado con fondos públicos y eficientes.

-Aquí llega cualquiera y le hacemos una preevaluación socioeconómica. Este es un centro laico –advierte la directora Alejandra Priego.

-¿Por qué dice que es un centro laico?

-Porque en el CRIT del Teletón les exigen que sean católicos y que recen –abunda.

Orgullosa de este pequeño centro, inaugurado en febrero de 2008 con una inversión pública de apenas 4 millones y medio de pesos –muy inferior a los 170 millones que costó el CRIT de Cancún-, la doctora Priego aclara que en el CRIM se atiende, sobre todo, a niños y ancianos con discapacidades. La mayoría de los 25 pacientes que se atienden al día son de origen maya. No hay payasos ni disfraces. Sí en cambio, una sala de mecanoterapia, tinas para hidroterapia, salones sensoriales para niños con autismo y terapias psicológicas, de lenguaje y ocupacional.

Priego aclara que la cuota de recuperación es de 32 pesos, pero a la mayoría de los pacientes, de las zonas más pobres de Quintana Roo, se les atiende gratuitamente.

A 170 kilómetros del CRIM de Carrillo Puerto, sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio se erige un complejo de cinco edificios, con una arquitectura y colores similares a la cadena de hoteles Camino Real. Es el CRIT de Cancún, construido con fondos del Teletón y aportaciones del gobierno del estado.

La inversión total en ese centro fue de 170 millones de pesos, de los cuales Fundación Teletón aportó 150 millones y el gobierno de la entidad aportó lo restante, además de los extensos terrenos que abarcan casi dos hectáreas.

Aquí las madres y los niños sí rezan. Una capilla habilitada junto a la recepción es visitada diariamente por los pacientes. Una de las capacitadotas lee unas tarjetas con los rezos y cánticos que se deben pronunciar para que la divinidad ayude con los discapacitados.

Laura, una joven blanca, de pelo lacio y claro, atiende en la entrada y advierte: “aquí hay lista de espera. Y si usted trae a algún familiar debemos hacerle un estudio socioeconómico”. Entre las preguntas, también se indaga si profesan o no la religión católica.

En el interior del recinto, hay un personaje disfrazado como si fuera las manitas del Teletón. Se respira un aire híbrido entre Disneylandia y basílica de Guadalupe. Los niños y sus padres que espera horas a que los atiendan, pueden disfrutar de videos y caricaturas, al estilo Televisa. En el patio central del edificio hay una estatua de la patrona de México y en la capilla una réplica de la imagen de la virgen.

El CRIT de Cancún fue inaugurado en febrero de 2007. Fue el décimo de un total de 13 centros que se han abierto en toda la República: Estado de México, Jalisco, Ocaza, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua, Ciudad Neza, Tamaulipas y Yucatán. También fue uno de los más caros. El gobernador priista González Canto agradeció a la Fundación Teletón, dirigida por Fernando Landeros, y se comprometió a destinar más recursos para abrir otro en Chetumal, la capital de la entidad.

El proyecto más ambicioso de CRIT se gestó en Yucatán. Con el apoyo de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, que le entregó a la Fundación Teletón 98 millones de pesos en efectivo del erario, el 28 de febrero de 2008 se colocó la primera piedra de este centro que costará 180 millones de pesos. El predio es de un total de 25 mil metros cuadrados, de los cuales 5 mil serán para las áreas de atención médica y 20 mil para áreas verdes.

El proyecto yucateco tuvo una modalidad inédita. Por iniciativa de la gobernadora, el Congreso local aprobó el 30 de octubre de 2007, con sólo un voto en contra, destinar durante 10 años un total de 300 millones de pesos al Teletón. Estos recursos rebasan con mucho el presupuesto del DIF estatal y representan casi la décima parte del total de fondos recaudados en diez años de filantropía televisiva.

Al conocerse este decreto, la investigadora Sara Murúa, especialista en las instituciones de asistencia privada, subrayó que en el caso del convenio de Teletón y Yucatán los recursos “se pueden convertir en una caja negra porque no se establece ni siquiera un fideicomiso ni ningún mecanismo de rendición de cuentas claro”.

El Negocio Teletón

La opacidad es una de las modalidades del negocio del Teletón. Desde su creación, en 1997, la marca estrella de la filantropía al estilo Televisa, ha recaudado un total de 3 mil 272 millones de acuerdo a las cifras del propio portal de la fundación.

En el apartado de “destino de los recursos” sólo se enuncian las cantidades recolectadas cada año y las acciones emprendidas. No hay acceso a las auditorías ni a los informes contables de la fundación ni del patronato. Eso sí, se despliegan las fotos de los filántropos de la discapacidad que integran el patronato: Emilio Azcárraga Jean, Alejandro Vargas Guajardo, Carlos, Adrián y Francisco Aguirre Gómez, Alfredo Harp Helú, Carlos Slim Domit, Fernando Landeros Verdugo, Francisco Ibarra López, Javier Sordo Madaleno, Juan Diego Gutiérrez Cortina, Mauricio Vázquez Ramos, Gabriel Alarcón Velázquez, Juan Francisco Ealy Ortiz, Sergio Gómez Sánchez, Eduardo Ricalde Medina y Sissi Harp Calderoni.

“¿Quién audita los recursos? ¿También un auditor privado? ¿Por qué si hay recursos públicos no tiene acceso el Congreso ni tampoco a través de las leyes de transparencia?”, se pregunta Sara Murúa.

Uno de los 3 despachos privados que audita las cuentas es KPGM Cárdenas Dosal, la misma empresa que auditó los recursos de la fundación Vamos México, de Marta Sahagún, sin resultados claros. Los otros dos despachos son Price Waterhouse y Coopers y BDO.

Tampoco hay información precisa sobre la exención fiscal de los principales donantes. Murúa aclara que el “verdadero objetivo” de este tipo de fundaciones es facilitar la exención y eliminar controles más rigurosos, a través de la figura legal de Institución de Asistencia Privada (IAP).

“El problema fundamental con este tipo de fundaciones es la triangulación de sus fondos, que les permite a las grandes donadoras tener mecanismos fiscales privilegiados para exentar impuestos e, incluso, para que ellos declaren como propios los donativos de terceros, en especial, de particulares”, explica Murúa.

“El mundo ideal de iniciativas como Teletón es ‘yo dono, tú donas y todos exentamos… menos los que realizan donaciones pequeñas (entre 20 y 200 pesos) y no reciben comprobantes fiscales”, abunda la especialista.
Tampoco se auditan públicamente los recursos posteriores para el “mantenimiento” a los CRIT. Estos fondos son públicos. Por ejemplo, el 9 de diciembre de 2006, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto agradeció que su entidad fuera la primera en contar con dos centros de este tipo (en Tlanepantla y Ciudad Nezahualcóyotl) y se comprometió a aportar anualmente “entre 20 y 30 millones de pesos” para el mantenimiento de los centros.

Sin embargo, todos los donantes y los gobernadores beneficiados rezan para que el Teletón siga haciendo mercadotecnia con los niños discapacitados. A cambio, los políticos obtienen rating en pantalla y los empresarios evaden la fiscalización.

Escrito por Jenaro Villamil el 02 diciembre 2011 a las 10:28 am en Medios, Sociedad

Reportaje original publicado en el especial de Proceso sobre la Infancia, 2009.

Maavbe84 - LA ESTELA DE LUZ, MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN PANISTA.

LA ESTELA DE LUZ, MONUMENTO A LA CORRUPCION PANISTA.

El pasado viernes, la empresa Triple iii entrego la estela de luz, monumento conmemorativo del bicentenario de la independencia y de la Revolución, 15 MESES DESPUES DEL TERMINO Y CON 600 MILLONES MAS DE GASTO.

El domingo pase por Reforma, la vi y pensé, que nadie en su sano juicio puede afirmar que esa cosa, vale 1,000 millones de pesos, ni la mitad, es más, un país tan desigual como el Mexicano no merece un monumento que cueste tanto, ni juegos pirotécnicos de millonada, merece escuelas o hospitales, me vino a la cabeza aquel ataque mediático que por años ha sostenido la derecha mexicana contra la construcción del segundo piso, en el gobierno de AMLO, pero al día de hoy, ahí está, totalmente funcional, usado por millones de mexicanos, efectivamente, no soluciona el problema del tráfico, pero sirve por lo menos a cientos de miles de personas cada día como vía alternativa, un bien común pues, a diferencia del segundo piso de Peña Nieto, que va vacio, por la simple razón que lo cobra y bastante caro. Comparo el escándalo mediático, de la exigencia de transparentar los recursos destinados a la obra capitalina, responsabilizando directamente a Obrador, con la casi nula cobertura de ciertos medios sobre la responsabilidad directa del titular del gobierno federal con la estela de luz.

Por ley, el presidente de la republica, fue el presidente de la Comisión organizadora de los festejos del bicentenario, la cual delego en varias ocasiones comenzando por Cárdenas hasta llegar a Lujambio, los primeros renunciaron, llama la atención la renuncia de Tovar y de Teresa, otro ex priista, yerno de López Portillo, que lo hace en el 2008, al parecer por pugna del control presupuestal, pues llega José Manuel Villalpando César, que había estado con Tovar y de Teresa, renunciándole, para posteriormente ser designado directamente por Calderón, amigo cercano, los dos egresados como abogados de la libre de Derecho, con el pleno aval de Vázquez Mota, en ese entonces la jefa de Villalpando, con este se da el primer acto de corrupción de la obra, no me refiero al concurso arquitectónico, me refiero a violar la ley, al no licitar la construcción del monumento, que por monto debía haber sido licitada de acuerdo a ley de adquisiciones,, IMPLICANDO UNA FLAGRANTE VIOLACION A LA LEY por causar un quebrantó al erario público, ¿QUIEN TIENE LAS FACULTADES PARA TOMAR TAL DECISION EN UNA OBRA DE TANTA RELEVANCIA? DICHO PROCEDIMIENTO EXIGE FIRMAS DE APROBACION EN LOS MAS ALTOS NIVELES DE LA COMISION ORGANIZADORA, nadie al día de hoy ha sido sancionado por ello, nadie habla de Villalpando ni de su jefe Calderón, quien sugirió a la subsidiaria de PEMEX, triple iii, para que se le adjudicara directamente la obra, mas cuando Calderón en tiempos que fue secretario de Energía, tuvo a Cesar Nava, su incondicional, como director jurídico de Pemex, sus tropelías no han querido ser investigadas ni sancionadas por la PGR y la función pública, pero ahí no paro el asunto, viene un segundo acto de corrupción de la comisión, junto a triple iii, esta subcontrata a la empresa GUTSA, ¡QUE ESTABA INHABILITADA PARA CONTRATAR CON EL GOBIERNO!!!, ¿PORQUE?: por ser la responsable de la construcción de la peor y más cara autopista de México, la autopista del sol, que todavía pagamos todos los mexicanos, vía el rescate carretero, en esa autopista los desmoronamientos son comunes porque volaron mal los cerros, en el pasado sismo de gran magnitud, dos de las tres muertes, fueron a causa de un desmoronamiento en dicha autopista, esa autopista ha costado miles de millones de pesos por la corrupción gobierno empresa, PERO AUN ASI, NO IMPORTO! SE LE SUBCONTRATO, VIOLANDO UNA VEZ MAS LA LEY, ya habían violado 2 veces la ley con sendos actos de corrupción y aun no comenzaba EL DESPILFARRO…

Primero se dijo que costaría 400 millones, luego que 700 y al final quedo en 1050 millones, la exposición del despilfarro, vino cuando se hizo el ridículo al no ser inaugurada en la fecha conmemorativa, en ese entonces Villalpando ya había sido substituido por Lujambio, que llego a ser la tapadera de la corrupción consentida o realizada desde los pinos, vino la denuncia pública del arquitecto de la obra, el cual si gano por concurso, a la cual vino la descalificación de Lujambio, exigiendo pruebas, cuando él era el que debía transparentar la asignación de la construcción de la obra y el ejercicio de los recursos, peso por peso, valiente ex presidente del IFAI, la función pública quiso apagar el escándalo, sancionando a 12 funcionarios de la Tripe iii, tan solo los inhabilito, pero no dijo nada de la asignación ilegal de la obra, por no haber sido licitada y entregada a una empresa inhabilitada. Al DIA DE HOY, NO SE HA TRANPARENTADO EL GASTO DE LA OBRA, SOLO SE DICEN MONTOS Y PROVEDORES, SE DEBE JUSTIFICAR CADA PESO PARA VALUAR DE CUANTO FUE EL DESFALCO, SE DEBE CITAR A COMPARECER O INDICIAR A LOS RESPONSABLES PRINCIPALES EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO, COMENZANDO POR CALDERON Y VILLALPANDO CERCANO A VAZQUEZ MOTA…

Calderón no puede inaugurar la estela de luz, pues con ello decretaría la impunidad de sus colaboradores y la suya.

La estela de luz, se sumara a los escándalos de corrupción panista, los amigos de Fox, el toallagate, los excedentes petroleros, los contratos de Pemex de Navalu, los Bribiesca, los recursos del FONDEN, la hermana de Creel en Conaculta, los casinos de las familias Madero y Larrazabal, la venta de migrantes al narco del INM, el saqueo del ISSSTE y la Lotería, la subrogación de guarderías como la ABC y los programas como PROCAMPO a la parentela, la impunidad empresarial como la de GRUPO MEXICO en la tragedia de pasta de conchos, la casitas de Garcia Luna, el autoprestamo de la casita de Calderón y por supuesto la cereza del pastel, el “pacto” Gordillo- Calderón que culmino el máximo acto de corrupción prianista, el fraude de 2006.

Al parecer todo quedara impune, pues por cada Moreira, Mario Marín, Ulises Ruiz o Montiel habrá un Larrazabal, Molinar Horcasitas, Cecilia Romero para intercambiar favores a conveniencia, por cada Echeverría y Salinas de Gortari habrá un Fox o un Calderón…y por supuesto habrá furibundos panistas que repetirán la máxima priista de los viejos tiempos, “presenta tu denuncia”, al fin que las instituciones de impartir justicia se usan facciosamente.

Feliz año nuevo.

Maavbe84.






martes, 20 de septiembre de 2011

LA GUERRA DE LOS 1000 AÑOS DE CALDERÓN

En la guerra de Calderón, el ejercito ya ha sido contaminado por el narco, la estrategia de Calderón es a todas luces fallida y errónea, el descabezar carteles, a excepción del cartel de los pinos (Chapo-jeliPILLO).



Lo que fomenta Calderón, con esa estrategia, es el surgimiento de nuevos carteles mas feroces y sin ningún objetivo o directriz, que el diversificar su actividad, en otros ramos del delito, pelean sus áreas de influencia ferozmente



Lo que conlleva a que cada día aumente mas los delitos, robo a casa habitación, asalto a mano armada, derecho de piso, extorsión, secuestro, trata de blancas, aumento en el venta de diversas drogas, ajuste de cuentas, narcoterrorismo , el trasiego de estupefacientes a mayor escala y en mayor área territorial, la delincuencia domine mas ciudades y territorios y nos acerquemos en forma total al estado fallido.



Al acabar, con los capos de los carteles contrarios al Chapo, lo que hace Calderón, es como la lucha de Hércules en contra de la hidra de la mitología griega, al cortar una cabeza, surgen 100 mas, sin control y mas feroces.



Por esa razón y esa estrategia, esta aumentando cada día mas el narco y la delincuencia en México, si sigue así, el país no durara ni diez años.



Las ordenes que recibió jeliPILLO a través del Plan Mérida son terminantes y sin ningún tipo de desviaciones, no acepta otras opiniones, ni otro tipo de estrategia, su consejero de su gabinete de seguridad nacional, el agente de la CIA Joaquín Villalobos, ex guerrillero del FMLN, asesino confeso del poeta Roque Dalton.



La orden que recibió Calderón de Washington, es acabar con mas Mexicanos, entre menos burros mas olotes, la derrama económica del narco a nivel mundial es de 320 mil millones de dólares, y los gringos no son hermanitas de la caridad, quieren que la mayoría de esa derrama económica se quede en su territorio, la prueba es que a través de la operación encubierta, "rápidos y furiosos", surtieron de armas a los narcos.



¿Porque los USA, no ponen en acción en su territorio, una guerra en contra de el narco, como la de Calderón?.



La respuesta es obvia, nunca acabarían con el narco y no son tontos, que otros pongan los muertos y su territorio, mientras los gringos, se fuman su droga y se quedan con las pingües ganancias.

martes, 10 de mayo de 2011

Hacia una Nueva Republica

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 9 de mayo.- La marcha de este domingo debe ir más allá de un mero desahogo social o un simple listado de buenos propósitos. Habría que encauzar nuestro descontento hacia la construcción de un gran frente social para la creación de una Nueva República. Los conductores de nuestra fallida transición olvidaron hacer cuentas con el pasado antidemocrático, acabar con la impunidad y corregir los enormes desequilibrios de poder que tanto daño le hacen al país. Los rotundos fracasos del gobierno de Felipe Calderón para garantizar la seguridad pública, y tragedias como las de la Guardería ABC, Pasta de Conchos y Sabinas, son apenas síntomas fatídicos de una problemática mucho más profunda.
Nadie pide que no se persiga o no se aplique la ley a los delincuentes. Los que marchamos hoy exigimos que se atiendan las raíces en lugar de los síntomas de esta tragedia nacional. Habría que empezar, por ejemplo, con una reorientación de la estrategia de desarrollo económico para atender la pobreza que aqueja al país. Los cálculos más conservadores indican que hay 47 millones de pobres, de los cuales la mitad se encuentran en pobreza extrema. Asimismo, las 10 familias más privilegiadas del país controlan más de 10% del Producto Interno Bruto, y los ingresos del 10% más rico de la población son 25 veces más grandes que los del 10% más pobre.
Los gobiernos de la “transición” han agravado esta desigualdad al someter los poderes formales a los poderes “fácticos”. Esta creciente subordinación de las instituciones democráticas es la fuente principal de la situación actual, ya que asegura un régimen generalizado de impunidad y debilidad gubernamental. Un Estado incapaz de regular y controlar a Carlos Slim, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, Emilio Azcárraga Jean o Minera México jamás podrá derrotar al Chapo Guzmán o a Heriberto Lazcano. En los últimos años, todos estos nuevos caciques de la “modernidad” han logrado doblar a las instituciones públicas.
Hace falta confrontar de manera directa el problema central de nuestros tiempos: la absurda concentración del poder económico, social y político en unas cuantas manos. Lamentablemente, la historia ha demostrado que las elecciones son muy poco eficaces para lograr cambios sociales profundos. Desde 1934 hasta la fecha, todos y cada uno de los presidentes de la República han llegado a su cargo por medio de elecciones populares. Hasta Porfirio Díaz se vio en la necesidad de someterse a elecciones populares en seis ocasiones.
Así que tristemente la elección de 2006 no fue una excepción, sino un ejemplo más de una larga tradición de elecciones simuladas y fraudulentas que funcionan más como ejercicios simbólicos para legitimar al nuevo presidente ante la sociedad que como procesos de verdadera competencia política en un contexto de pluralidad. Hoy sigue más vigente que nunca la evaluación del sistema político mexicano como una gran simulación que don Pablo González Casanova hiciera en 1965 en su obra clásica La democracia en México, apenas tres años antes del surgimiento del gran movimiento estudiantil de 1968.
Las grandes reformas que afectan directamente los intereses de los poderes fácticos solamente se logran por medio de fuertes movilizaciones populares que impongan la agenda a los demás actores sociales. Así aconteció con la Revolución, que logró minar significativamente el poder de la jerarquía católica y de los viejos hacendados. También ocurrió con las reformas electorales de 1977, 1991, 1996 y 2007, que fueron posibles gracias a los movimientos estudiantiles y guerrilleros de los años 60 y 70, al apoyo social para Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y a la movilización postelectoral de Andrés Manuel López Obrador en 2006.
Hoy existe la oportunidad de ir más allá de estas reformas electorales para lograr cambios en la misma estructura social del país. Por ejemplo, habría que plantear estrategias para la redistribución directa de la riqueza y el ingreso de los ciudadanos más ricos a los más pobres, la democratización de la propiedad de los medios electrónicos de comunicación, la división de corporaciones dominantes como Telcel y Cemex, la cancelación de la evasión fiscal, el establecimiento de nuevos impuestos sobre las transacciones bursátiles y el capital especulativo “golondrina” del extranjero, entre otras múltiples propuestas que han sido desarrolladas por destacados expertos en estas materias.
Reformas como estas tendrían un impacto directo en la situación de la seguridad pública porque, simultáneamente, equilibrarían el poder social y robustecerían la capacidad fiscal del Estado. Ello fortalecería la sociedad tanto para resistir el reclutamiento del crimen organizado como para participar en la construcción de un país de legalidad. También el gobierno contaría con mayores recursos para realizar una limpia profunda y una profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, así como para combatir la corrupción y el lavado de dinero.
Esperamos que este día llegue a ser recordado como aquel en que la sociedad mexicana finalmente se despertó a su misión histórica de democratizar el poder y domesticar los poderes fácticos. Hasta hoy la transición democrática ha fracasado rotundamente en atender las necesidades más básicas de la población, como la seguridad, la alimentación, la salud y el trabajo. Habría que tomar pasos definitivos hacia la construcción de un nuevo régimen de justicia social para todos y todas.

www.johnackerman.blogspot.com
Twitter @JohnMAckerman

Fuente:
Proceso - 2010



domingo, 24 de abril de 2011

GOBIERNO MILITAR

John M. Ackerman
Proceso | 23-04-2011 | 21:46


Distrito Federal— Con la nueva versión de la Ley de Seguridad Nacional, que se pretende incluir en la avalancha de dictámenes que aprobará en los próximos días la Cámara de Diputados, se busca abrir la puerta al franco establecimiento de un gobierno militar en el país. En lugar de escuchar el reclamo popular de “No + sangre” y empezar a construir una ruta para el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles y el establecimiento de un ejercicio de rendición de cuentas ante tribunales civiles, Felipe Calderón está empeñado en normalizar y ampliar el nuevo papel de los militares de control directo sobre la población.

La verdadera nuez de esta reforma, que ha sido negociada en sigilo entre las Fuerzas Armadas, la Presidencia y algunos sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es la nueva definición de “paz” que incluye. El dictamen contiene joyas argumentativas como la siguiente: “La paz debe interpretarse como el estado contrario a la guerra, pero no como el estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos -niveles o grados- de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en -blanco y negro-. Existen las más variadas gamas de grises; la paz en todo lugar y momento es relativa”.

Estos absurdos malabares, que de forma peligrosa plantean la existencia de una “paz conflictiva”, tienen el macabro objetivo de ignorar lo expresado en los artículos 29 y 129 de la Constitución. En el primero, la Carta Magna permite la declaración temporal de un estado de excepción únicamente frente a casos de “perturbación grave de la paz pública”. En el segundo, el texto constitucional señala tajantemente que, -en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar-. La jurisprudencia en la materia (Tesis 38/2000) también es explícita al señalar que las fuerzas militares únicamente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales.

Pero Calderón ya ha demostrado que no le presta demasiada atención a lo que dice la Constitución. Y tampoco cuenta con la legitimidad social y política requerida para lograr modificaciones a la Carta Magna. Así que, tal como ocurrió con la reforma petrolera, y más recientemente con la reforma laboral, el Partido Acción Nacional y el PRI se proponen empujar su agenda por la vía de una reforma capciosa a una ley secundaria que supuestamente permitiría una reinterpretación del texto constitucional.

De manera preocupante, con la nueva Ley de Seguridad Nacional también se buscaría eliminar la posibilidad de enjuiciar en tribunales civiles a los militares que cometan delitos contra la población. En cumplimiento de una serie de fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la minuta aprobada por el Senado señalaba que -las conductas que (las Fuerzas Armadas) realicen y pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 (que se refiere a la competencia de las “autoridades civiles”) y 133 (que otorga a los tratados internacionales la calidad de “ley suprema”) constitucionales”. Sin embargo, el dictamen de los diputados señala que los delitos de los militares únicamente serán perseguidos y sancionados “de conformidad con las normas legales que los rigen”. En otras palabras, será el Código de Justicia Militar el único instrumento a ser aplicado.

El dictamen que se discutirá en comisiones incluye disposiciones que permitirían a las Fuerzas Armadas liberarse de los mandos civiles para convertirse en “coordinadores responsables” ante “afectaciones a la seguridad nacional”. Así, los militares ya no serán solamente “auxiliares” sujetos a las órdenes de los mandos civiles, sino que estarían directamente a cargo de la “guerra” de Calderón. De esta manera, ya no serán Genaro García Luna ni Marisela Morales los encargados de informarnos sobre el estado de la seguridad de la nación, sino el general Guillermo Galván y el almirante Mariano Sáynez, quienes directamente asumirían la conducción pública y política de la estrategia de seguridad pública. De aquí solamente faltaría un pequeño paso para que estos poderosos mandos militares puedan ocupar directamente el mando de todo el país desde Los Pinos.

Otros detalles problemáticos del nuevo dictamen son la autorización a los militares para coadyuvar con la PGR en detenciones y cateos, realizar “operaciones de vigilancia y seguimiento” y establecer retenes de manera indiscriminada. También se autoriza a los militares dilatarse en la entrega a la PGR de los delincuentes detenidos “en flagrancia” con el fin de “proteger la integridad física de la autoridad”. Asimismo, el nuevo capítulo octavo de la ley amplía de manera radical las facultades del presidente de la República para utilizar unilateralmente a las Fuerzas Armadas cuando existan “amenazas provenientes del exterior”. Así que bastará con la participación de un par de narcos colombianos en algún acto de violencia para que Calderón realice su sueño de “disparar misiles” contra cualquiera que se le ponga en frente.

Pero quizás el elemento más preocupante de la pretendida reforma es la autorización incluida en el artículo 74, VIII para la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de “acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social” cuando constituyan un “desafío” o “amenaza” para el país. Estos términos se definen, respectivamente, como un “obstáculo” que “afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano” y uno que “atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano”. Al parecer, Calderón se ha inspirado en la respuesta violenta que el general Gadafi ha dado a los rebeldes libios.

La paz no se debe matizar, negociar ni dejar al arbitrio de las fuerzas militares o de Calderón. Ojalá que los diputados actúen y defiendan las instituciones estatales y la Constitución antes de que el verdadero “peligro para México” se materialice por medio de un golpe militar.